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LA CONTRAINSURGENCIA
ESTABILIZA LA DOMINACIÓN
Y ASEGURA LAS CONDICIONES NECESARIAS
PARA EL DESARROLLO DEL CAPITAL

La contrainsurgencia definida de manera sencilla
como una gigantesca acción política y militar emprendida por el Estado
(que se legitima política y socialmente a sí misma)
destinada a desarmar y agotar todo proceso de acumulación de fuerza independiente
que logren generar los sectores sociales pobres
mayoritariamente marginados de los beneficios que brinda la modernidad
ha perfeccionado sus métodos y profundizado su accionar durante los últimos años
confirmando cuatro líneas centrales de intervención social.

La represión policial selectiva
destinada a eliminar mediante el encarcelamiento o aniquilamiento físico
el proceso de formación de líderes y diregentes políticos y militares en el seno del pueblo
cuya posición independiente antagónica o radical frente al sistema de dominación
representa un peligro potencial para su estabilidad
(Tan sólo en los dos últimos gobiernos concertacionistas
han sido asesinados 6 decenas de militantes de organizaciones de izquierda
y más de dos centenares hechos prisioneros
todos brutalmente torturados en los interrogatorios de inteligencia policial).

La comunicación social
altamente desarrollada en nuestro país constituye uno de los principales instrumentos
de instalación y reproducción permanente de la ideología del sistema de dominación
capaz de neutralizar la conciencia de los oprimidos
manipula y dirige su conducta social
legitimando ampliamente una cultura inhumana y voraz
que no reconoce otro fin que no sea la valorización del capital.

La inversión social
dirigida a las áreas geográficas o sectores sociales potencialmente conflictivos
compromete cuantiosos recursos estatales
a través del financiamiento de proyectos, microempresas, préstamos y subsidios
sin ningún resultado económico significativo ni sostenido en el tiempo
la inversión social ofrece una rentabilidad oculta al capital
al desactivar prematuramente los posibles focos de futura tensión
contribuyendo a hacer de Chile un país de bajo riesgo social
donde el inversionista nacional o extranjero puede ver crecer sin miedo sus ganancias.

La organización social
promovida, financiada y dirigida por el Estado como proyección orgánica de sus funciones
constituye una gigantesca red que se tiende sobre el campo popular
abriendo espacios de participación social controlados por la ley
donde las demandas populares se institucionalizan y agotan
sin generar los procesos de acumulación de fuerza independiente tan temidos por el patrón
la organización social promovida por el Estado
ocupa los espacios básicos de organización de los pobres
desalojando cualquiera forma de desarrollo de la conciencia popular
que por su carácter confrontacional o antagónico
amenace el orden del sistema de dominación.

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